Un preso de Coronda quiso extorsionar a un ex vecino y robarle $500.000

“Tenemos la dirección de tu casa, tenés que juntar 500 mil pesos porque te vamos a matar tu mujer y tu hijo, no andamos jodiendo, vas a tener que cerrar y dejar tu casa, te habla la mafia, decime que querés hacer, si querés colaborar te dejamos tranquilo si no bueno, ya sabés lo que va a pasar”.

El mensaje, que incluía la dirección y los nombres de sus familiares, fue recibido a fines de noviembre por un panadero de Fisherton Industrial, que no los respondió, pero sí los denunció.

Luego de una investigación se estableció que el apretador era un hombre de 31 años preso en Coronda a quien la víctima conocía del barrio y que está imputado desde hace tiempo como miembro de una asociación ilícita.

Luego de constatar que los mensajes habían sido emitidos por él desde su celda en Coronda, Pablo Samuel Corvalán sumó una nueva imputación por intento de extorsión. En ese marco, el juez Pablo Pinto le dictó la prisión preventiva por el plazo de ley de hasta dos años.

La extorsión sufrida por el panadero fue breve pero intensa. El sábado 25 de noviembre, sobre las 23.30, recibió un mensaje de Whatsapp que daba cuenta de que quien lo apretaba lo conocía. 

Le dijo dónde estaba su local, cómo se llamaban su esposa e hijo, le aseguraron que tenían la dirección de su casa y le pidieron el medio millón de pesos para no matar a sus familiares.

Luego de una serie de mensajes a los que la víctima no respondió, el apretador le sugirió: “Avisame cuando estés y hablamos bien”. Y un minuto después, como de yapa, agregaron a la mamá del comerciante a la lista de personas a las que iban a atacar si no les pagaba.

El apretador insistió y diez minutos después reenvió mensajes que insinuaban la probable participación de más personas en la extorsión. “Ey amigo, que junte 500 lucas, decile que hace un rato vimos a la mujer en el auto blanco, hasta mañana le damos, si no le baleamos la panadería, es corta, amigo no reniegues”, fue uno de los mensajes reenviados, ya a la madrugada del domingo 26 de noviembre, con más amenazas de muerte.

Los mensajes siguieron un par de minutos hasta que después de recibir uno que decía “Dale amigo, contestá” las maniobras cesaron.

Si bien el fin extorsivo no se pudo concretar “por circunstancias ajenas a la voluntad” del acusado, el intento de extorsión fue suficiente para llenar de miedo a las víctimas, que ese mismo domingo denunciaron la situación.

El hombre dijo desconocer quién podía estar amenazándolo y aseguró que no tenía problemas con nadie. Otro dato que aportó en su denuncia es que el nombre del contacto decía “Chuki”, pero no sospechaba de nadie a quien conociera.

Hasta que en un momento le exhibieron una foto de un tal “Chuki” cuyo número de teléfono coincidía con el del apretador. Fue la primera pista hacia el acusado, ya que la víctima lo reconoció como “Pablo”, un vecino que vivía a tres cuadras de su casa y que estaba preso.

Si bien las maniobras extorsivas habían cesado, los investigadores siguieron monitoreando el teléfono del sospechoso que estaba detenido en Coronda acusado de integrar una banda a cuyos miembros había imputado el mismo fiscal. Así vieron como el usuario de la línea de los extorsionadores había cambiado su foto de perfil de Whatsapp, dato que sirvió para rastrearlo por las redes sociales.

El paso siguiente fue una requisa en la celda que ocupaba Corvalán en el pabellón 12 de Coronda, donde se secuestró un celular que fue peritado. Entre las medidas que encargó el fiscal se constató que la noche del 25 de noviembre pasado esa línea impactó en una antena a un kilómetro de la cárcel de Coronda.

Finalmente, con esos elementos fue imputado Corvalán por la fallida saga extorsiva que será sumada a la acusación que afronta junto con otros cuatro hombres como miembro de una banda organizada para cometer balaceras, extorsiones, usurpaciones para instalar kioscos de drogas y otros delitos cometidos entre septiembre y noviembre de 2022.

Para entonces Corvalán ya estaba preso cumpliendo desde mayo una condena a nueve años por una serie de robos, pena a la que podría sumar años en caso de ser condenado como miembro de asociación ilícita.

La Capital