Un juez ordenó este viernes al Servicio Penitenciario Provincial que tome las medidas necesarias para impedir que un hombre detenido en el penal de Coronda, justamente imputado en audiencia este viernes, siga teniendo acceso a un teléfono celular.
Se trata de un preso que está acusado de cometer extorsiones contra comerciantes de la zona sur en nombre de «Los Cantero». La indicación del magistrado incluso excede a esta persona en particular e incluye a «todos los internos» de la prisión corondina.
La resolución la tomó el juez Nicolás Foppiani en la audiencia en la que el viernes se dictó prisión preventiva por el máximo plazo a una pareja de cometer una serie de extorsiones contra comerciantes. Uno de los acusados ya está detenido en Coronda y realizó los aprietes desde su celda.
Foppiani emitió su indicación a pedido del fiscal Pablo Socca, quien tiene a su cargo la investigación de una serie de denuncias sobre mensajes extorsivos recibidos por comerciantes de la zona sur de Rosario.
Socca hizo el pedido sobre la prohibición a los reclusos de usar teléfonos celulares en la audiencia imputativa contra Brian Ezequiel F. y Carla María Belén P., los presuntos autores de los aprietes.
Las extorsiones comenzaron a principios de esta semana y las víctimas fueron varios comerciantes de la zona de bulevar Oroño desde Seguí hasta Uriburu en Rosario. Todos recibieron mensajes de WhatsApp supuestamente enviado a nombre de «Los Cantero. Les exigían pago de dinero en efectivo bajo la amenaza de balear sus locales o incluso a sus empleados.
El mensaje recibido por los comerciantes decía: «Hola, te hablamos por lo siguiente. Estamos agarrando todo el barrio que está atrás de la fábrica y todos los comercios de Oroño y Seguí hasta Uriburu. Tienen que pagar $ 250 mil y no te molestamos todo el año, o $ 50 mil por semana», fue el mensaje que recibió la madrugada del lunes 16 de enero un comerciante de Oroño al 4100. El mismo continuaba así: «Eso es para no agarrarte a tiros todas las semanas, para no mandar a los pibes y agarrarte a alguien de ahí de tus trabajadores y darle un tiro, que no te lo prendamos fuego y muchas cosas más. Es una sola cuota, o si no pagás tenés problemas con la mafia. Atte. La Mafia. Plata o Plomo«.
La investigación condujo rápidamente a Brian Ezequiel F., quien está detenido y acusado de un robo calificado, y a Carla María Belén P., la pareja de F. Ella estaba en libertad y tras las pesquisas conducidas por Socca fue detenida en una casa de la zona sur.
Durante la audiencia en la que le imputaron a la pareja las extorsiones de esta semana, el fiscal Socca pidió que el Servicio Penitenciario Provincial tomara medidas para que Brian Ezequiel F. no tuviera más acceso a un teléfono celular en la cárcel. El funcionario del MPA se encontró con la oposición de la defensa del imputado, quien consideró que su cliente sería enviado al buzón, un castigo que le pareció excesivo e incluso ilegítimo. Socca dijo entonces que no quería eso, pero que era necesario impedir que el recluso pudiera hablar por teléfono desde la cárcel para que continuara cometiendo extorsiones. «De ser así, la próxima semana podríamos estar otra vez aquí, en una audiencia como esta, para acusarlo de nuevos hechos», argumentó.
Tras este debate, el juez Foppiani finalmente resolvió hacer lugar al pedido del fiscal e indicó al responsable de la cárcel de Coronda que tomara medidas para que ni Brian Ezequiel F. ni el resto de los detenidos a su cargo pudieran hablar por teléfono celular o cualquier otro medio prohibido dentro de la prisión por la reglamentación vigente. El pedido de Socca, al que el magistrado hizo lugar, incluye además cualquier otro medio que permita a los internos comunicarse con el exterior.
El punto 4 de la resolución de Foppiani dice: «Notificar personalmente al Director de la Unidad de Coronda que deberá tomar los recaudos necesarios para impedir que el señor B. E. F. en particular y los internos a su cuidado en general accedan a la utilización de teléfonos celulares y cualquier otro medio de comunicación prohibido por la reglamentación carcelaria, bajo los apercibimientos de ley. Debiéndose acompañar constancia de la notificación referida».
La Capital