En marzo de este año, Sebastián Eduardo Aguirre, de 33 años, ligado a la Banda de «Los Gorditos» firmó un acuerdo abreviado en el que aceptaba siete años de prisión por distintos delitos y se suicidó horas después en una celda de seguridad de la cárcel de Coronda.
El 5 de abril, el detenido Rodrigo Rígoli, de 36 años y relacionado con «Los Monos» apareció muerto en el mismo penal. Y el sábado de la semana pasada se repitió la tragedia por tercera vez en este año: el detenido era Miguel Angel Padilla, de 31 años y también de Rosario, de barrio Ludueña.
Su abogado, Leonel Botta, pide que se investigue el supuesto suicidio de su defendido, quien en quince días habría podido rubricar un juicio abreviado, que le habilitaba comenzar a gozar de salidas transitorias.
«Estuve con él el sábado hablando varias horas, me relató que la venía pasando mal en su celda de resguardo porque no tenía agua, ni luz, ni colchón y ni comida le pasaban. Me dijo que si no cambiaba esa situación se mataba. Pedí que me dejen ver el lugar, me lo negaron, pedí el traslado; me dijeron que no había gente para hacerlo el fin de semana, pedí que no lo dejen solo. Me fui. A la hora me llamaron para decirme que se había suicidado y hasta ahora el fiscal de Coronda (Horacio Cecchi) no me atendió el teléfono», le contó el profesional a La Capital, desde la oficina de gestión del Tribunal Federal de Rosario donde sigue buscando explicaciones y asentó la denuncia. «Quiero saber qué paso en esa hora y cuarto desde que me fui del penal», subrayó Botta.
El Instituto Correccional Modelo UI «Dr. César R.Tabares», conocido a secas como «cárcel de Coronda», suma este año tres casos en el trabajo relevado por el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal en inspecciones realizadas en toda la provincia.
En el relevamiento se destaca que en 2022 se registraron 26 muertes en en contexto de encierro o privación de la libertad (16 en unidades carcelarias), de las cuales 18 fueron por causas violentas como homicidio, suicidio o accidente.
Entre esas muertes se ubican cuatro casos de varones que sufrieron “ejecuciones sumarias o exceso manifiesto en el ejercicio de la fuerza” policial. Entre los fallecidos, dos eran mujeres. La persona más joven tenía 19 años y la mayor 63, aunque el 75% eran menores de 35 años. La mitad murió antes de cumplirse el año de su detención.
El caso Padilla
Padilla había estado detenido por portación de armas y tentativa de robos y había cumplido su condena. Pero reincidió, «siempre con delitos contra la propiedad, no contra la vida de las personas», dijo su abogado, y por eso llevaba ya un tiempo en Coronda.
El 8 de marzo pasado, el abogado pide a la Dirección General de Traslado que se saque a Padilla de su pabellón porque le había manifestado «inconvenientes serios dentro del penal con detenidos y personas del Servicio Penitenciario. «No me contestan el pedido y el 26 de abril su pareja me dice que estaba muy mal, que se estaba autoflagelando», relata el abogado.
Padilla finalmente es trasladado a una celda de resguardo, «de dos por dos, sin luz, agua, colchón y donde apenas le pasan comida», pero mientras tanto su abogado había logrado un acuerdo abreviado de su defendido con la fiscal María de los Angeles Granatto, por lo que en solo dos semanas, el 18 de mayo tenían cita judicial para que se les admitiera el procedimiento.
«La fiscal había decidido conmutar a 5 años y 8 meses de pena y como ya había cumplido 3 años de condena y llevaba un tiempo más en Coronda, le quedaba poco tiempo para comenzar a gozar, al menos, de permiso para salidas transitorias, pero no pudo ser», dijo el abogado.
La Capital