La Policía de Santa Fe atraviesa horas de profundo dolor y conmoción tras conocerse la trágica muerte del Director de Policía Diego Alejandro Gamero, quien se quitó la vida luego de haber sido dejado sin funciones por disposición de la Jefatura. La noticia sacudió a sus colegas, especialmente a quienes compartieron funciones con él en la Unidad Regional XIII del departamento San Cristóbal y más recientemente en la División Personal, donde supo distinguirse por su compromiso y su conocimiento de la realidad interna de la fuerza.
Sin que mediara explicación oficial, Gamero fue pasado “a disposición de Jefatura” —una figura administrativa que en el lenguaje interno se conoce como “mandarlo al banco”—, lo cual implica quedar sin destino ni funciones activas. No se trata de una sanción formal ni de un pase a retiro, sino de una suerte de desplazamiento silencioso que priva al efectivo de propósito laboral y reconocimiento, afectando su salud mental, su identidad profesional y su sentido de pertenencia institucional.
El hecho ocurrió en la ciudad de Santa Fe y, si bien aún se esperan precisiones de carácter oficial, el contexto administrativo en el que se encontraba Gamero es señalado por allegados como un factor determinante en el deterioro de su estado anímico. Su caso no es aislado: la práctica de mantener a policías en esta situación de indefinición —sin sanción, pero también sin destino— se repite en la estructura de la fuerza con preocupante frecuencia.
Se trata de una forma de maltrato institucional que viola derechos elementales, como el acceso a un puesto de trabajo acorde con la jerarquía, la experiencia y el perfil profesional de cada efectivo, principios establecidos en normativas internas y también en convenios internacionales como los de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La muerte de Gamero expone las consecuencias de una cadena de omisiones —institucionales, psicológicas, políticas y sociales— que afecta a quienes no encuentran canales de contención ni espacios de diálogo en una estructura verticalizada, muchas veces impermeable al debate o la revisión crítica de sus propias prácticas.
En este contexto, diferentes sectores reclaman una auditoría institucional seria sobre esta modalidad y la implementación de protocolos efectivos de salud mental. La falta de estadísticas claras sobre suicidios dentro de la fuerza y la ausencia de políticas integrales de contención agravan aún más un problema que permanece invisibilizado.
Proteger a quienes nos protegen no puede ser solo una consigna. La muerte de Diego Gamero no puede reducirse a un hecho aislado. Es una advertencia. Un llamado urgente a revisar un sistema que, lejos de contener, a veces margina y empuja al abismo.
Fuente: APROPOL Noticias