Un superior de servicio de la Policía de Acción Táctica (PAT) fue imputado de omitir evitar torturas y por allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad agravada, entre otros delitos. Se trata de Miguel Alberto Aguilar, quien se sumó como octavo imputado en la investigación por un allanamiento ilegal que terminó con uniformados acusados de haber robado 15 kilos de cocaína, armas y dinero.
Aguilar fue imputado en una audiencia ante el juez federal de Garantías Carlos Vera Barros quien le dictó prisión preventiva por 90 días. Además, se les amplió la imputación a seis subalternos suyos de la PAT que sumaron acusaciones por tormentos físicos a las que ya pesaban en su contra. Ahora se los acusa de haber picaneado a dos personas que detuvieron con drogas para que les dijeran quién los abastecía de drogas y, a partir de ese dato, fueron a realizar el allanamiento ilegal que se les achaca.
Las nuevas imputaciones en este caso que se originó en un allanamiento ilegal de la PAT el 13 de agosto de 2024 en barrio Azcuénaga fueron formuladas en una audiencia oral por los fiscales federales Javier Arzubi Calvo, Federico Reynares Solari, María Virginia Sosa y Soledad García. Las imputaciones comenzaron meses atrás contra ocho efectivos de la PAT que fueron acusados de haber robado 15 ladrillos de cocaína, armas de fuego, 50.500 dólares y 285.000 pesos.
Los policías ya estaban imputados como coautores de privación coactiva de la libertad, violación de domicilio, robo agravado, comercio de estupefacientes y asociación ilícita. Pero en la última semana, según se publicó en el sitio del Ministerio Público Fiscal (MPF), “la fiscalía profundizó y amplió el objeto de la investigación y, en el marco de esa pesquisa, se formalizaron dos trámites relevantes”.
Una de las medidas fue sumar como octavo imputado a Aguilar, en una audiencia realizada el viernes pasado. El policía se desempeñaba como “superior de servicio” de la Compañía “Alfa” de la PAT y “participó en la obtención ilegal de datos relativos a la identidad y dirección del proveedor de drogas” en un procedimiento realizado en Jean Jaures al 5500 en el cual se secuestró un ladrillo de cocaína”.
Los fiscales expusieron su teoría que indica que en ese procedimiento el personal a cargo de Aguilar obtuvo información a través de violencia física “bajo amenazas, golpes y utilización de una picana eléctrica sobre el cuerpo de los detenidos” a quienes interrogaron sobre el proveedor de droga al que se referían como “pez gordo”, su nombre y dónde vivía y guardaba la droga. Así fue que con esos datos, ese mismo día alrededor de las 16.30 practicaron el allanamiento ilegal en una casa de Forest al 5600.
Según la imputación los suboficiales Jesús Angel Balais, Guillermo David Toledo, Fernando Nicolás Ferreira, Iván Severino Schneider, Gerardo Pérez y Sergio Robledo se trasladaron en los patrulleros 10.065 y 10.533 sin orden judicial ni motivos que lo justifiquen. La novedad es la participación del superior de servicio ese día cuyo nombre no estaba consignado en el acta del procedimiento.
“En términos de control y supervisión del personal a su cargo fue imprescindible para que los hechos se llevaran a cabo con relativo éxito”, dijeron los fiscales acerca de la presencia de Aguilar en ese operativo. “¿Por qué decimos que participó? Porque su móvil reportó localización en el lugar. Es el 10.434 y llega a las 15.01. No aparece en el acta, pero está en el lugar. Después llegan los móviles con los otros policías, llegaron prácticamente juntos”, describió la fiscal Sosa en la audiencia.
Los fiscales acusaron a Aguilar de haber participado de ese procedimiento en el que los policías a su cargo usaron métodos ilegales y prohibidos para obtener información de los detenidos acerca de quien los abastecía de drogas. “Revisaron los celulares de los detenidos, amenazaron el futuro de sus familias, les aplicaron golpes y descargas eléctricas sobre sus cuerpos con un dispositivo que uno de los policías tenía en su poder. Insistieron hasta obtener el dato y luego, en los móviles policiales, fueron a Forest al 5600”, recordó Sosa.
Entre las evidencias presentadas por los fiscales están las declaraciones de los denunciantes, que coinciden en que los uniformados les pegaron y picanearon a los detenidos mientras exigían que les revelaran quién era “el pez gordo”, en alusión al proveedor de estupefacientes. “Eran un montón… como cuatro patrulleros, tres seguro. Dos mujeres y más de siete, ocho hombres… Y ahí nomás nos empezaron a picanear. A sacar la remera, y a mostrarnos la parte de la cola… El primero fue un toquecito, y después era continuo”, reveló un detenido.
En ese marco Aguilar terminó imputado como coautor de los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad agravada, robo agravado, incumplimiento de deberes de funcionario público, comercio de estupefacientes e integrar una asociación ilícita. Además se le achacó la “omisión de evitar torturas”. El juez Vera Barros le impuso 90 días de prisión preventiva efectiva y dictó una inhibición general sobre sus bienes.
La Capital