Un escándalo política detonó este viernes en Santa Fe, con consecuencias impredecibles, a raíz de una serie de allanamientos en las oficinas del Ministerio de Seguridad, tanto en Rosario como en la capital provincial, en busca de evidencia sobre espionaje ilegal ordenado por el ex ministro Marcelo Sain a dirigentes políticos, empresarios y periodistas.
Además del tembladeral político que se generó en la provincia, la medida judicial precipitó la renuncia del viceministro de Seguridad, Germán Montenegro, y del resto de los funcionarios que respondían al ahora asesor de Aníbal Fernández y seguían trabajando en la cartera que conduce Jorge Lagna.
Además de Montenegro, presentaron su renuncia Maximiliano Novas (secretario de Coordinación Técnica y Administrativa), Emiliano Mongia (subsecretario de Prevención y Control Urbano), Pablo Alvarez (subsecretario de Investigación Criminal), Diego Llumá (subsecretario de Seguridad Preventiva), Carla Pecorini (directora provincial de Centros Territoriales de Denuncias) y Federico Llumá (director de Comunicaciones).
También dejaron el cargo Ramiro Cortese (asesor), Diego Rodríguez (subsecretario de Control), Nadia Schujman (asesora) y Sebastián Sánchez (director de Análisis Criminal).
Las renuncias fueron resueltas ante la crisis generada por el anuncio de la investigación en curso por maniobras ilegales supuestas en la recolección de información. Aunque los funcionarios ya habían puesto a disposición sus renuncias previamente al gobernador Omar Perotti, en el contexto de la difusión de una fuerte disputa interna entre este sector que se referenciaba en Sain y el que encabeza el ministro del área, Jorge Lagna.
Mientras tanto, en ámbitos políticos y judiciales se especulaba con la posibilidad de que los delitos que le imputen a Sain puedan llevarlo a la cárcel. Una acusación sería por “haber ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos”. Esto viola la ley nacional de inteligencia.
Por lo pronto, lo que hay como evidencia es material físico (carpetas) y testimonios. Además, en el allanamiento en Rosario se encontró papel triturado que se presume es efecto de la destrucción apurada de documentos que podrían constituir más pruebas. Ezequiel Hernández indicó que esos celulares van a ser sometidos a pericias.
Otros de los delitos por el que podría ser acusado son malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
El procedimiento se llevó a cabo con personal del Organismo de Investigaciones del MPA, a raíz de una investigación que llevan adelante los fiscales de Delitos Complejos de Santa Fe, Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez. Enterado de la situación, se presentó en la cartera de Seguridad el ministro Lagna, que no estaría investigado en la causa. Sí, en cambio, están bajo la lupa los funcionarios porteños que llegaron con Sain, quienes más tarde presentaron la renuncia.
Convocada antes de que estallara la bomba de la denuncia por espionaje ilegal a políticos, periodistas y empresarios, que puso por enésima vez a Marcelo Sain en el centro de la polémica, la reunión que pautó el gobernador Omar Perotti con diputados para relanzar la gestión en seguridad tendrá un clima todavía más caliente.
Con la primera plana del gobierno provincial todavía aturdida por las detonaciones de bala contra la parrilla El Establo y el carrito Jorgito Junior’s, Perotti invitó para este miércoles a la tarde en la Casa Gris a autoridades del ministerio de Seguridad; el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías; los presidentes de bloque de la Cámara baja, y los titulares de las comisiones de Seguridad de ambas Cámaras de la Legislatura. También recibieron un llamado los intendentes de las principales ciudades de la provincia: el rosarino Pablo Javkin y el santafesino Emilio Jatón.
“Este es el hecho más grave que ha sufrido la democracia santafesina y argentina del ‘83 a la fecha”, dijo a La Capital el presidente del bloque UCR Evolución, Maximiliano Pullaro. Y agregó: “Estamos frente a una empresa criminal para la extorsión, que funcionaba a través de la inteligencia ilegal, y pretendía apretar a políticos, periodistas, gremialistas y empresarios no afines. Esto de perseguir a quien piensa distinto sólo ocurría durante la dictadura”.
Farías dijo a este diario que hay que esperar que avance la causa y respetar los tiempos de los fiscales y el Ministerio Público de la Acusación, pero advirtió que “si avanzan en el sentido de lo que se conoce hasta el momento se estaría ante una crisis política e institucional”.
La Capital