La ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de Santa Fe, Silvina Frana, confirmó a la Empresa Provincial de la Energía su propuesta de actualización tarifaria a partir del 1° de marzo de 2023.
Lo hizo tras la celebración de una audiencia pública donde fue debatido el tema y aunque le dio luz verde de manera integral al pedido -tal como hizo en 2022- le puso condiciones a cumplir durante el año.
Las más destacadas refieren a la baja de las llamadas «pérdidas no técnicas», es decir, al hurto de la energía entre clientes regulares y al uso de ese servicio en los barrios más pobres. Básicamente, exige como mínimo 10% más de inspecciones donde se puede pagar el servicio y más acciones para extender la regularización del servicio con tarifas sociales.
En cuanto al impacto en las boletas, la resolución indica que significará «una variación promedio acumulada sobre el segmento tarifario de pequeñas demandas del 43,5%, sobre el segmento de grandes demandas del 25,6% y del 28,2% para la Cuotaparte de Alumbrado Público (CAP), resultando un incremento acumulado sobre Tarifa Promedio del 34,8%».
Sin embargo, la propia empresa estatal en la presentación pública de su pedido, estimó que para los hogares con ingresos medios según la segmentación para los subsidios nacionales a la energía mayorista, registrados como Nivel 3, tendrá aumentos del 47 al 57%. De todos modos, en aquellos hogares que no superen los 400 kilovatios/hora bimestrales sus tarifas serán un 20% más bajas que para el Nivel 1, de mayor poder adquisitivo que no recibe subsidios nacionales.
En tanto, para la aplicación de la suba de la EPE en el nivel 2, el de los ingresos más bajos según la segmentación hecha a nivel nacional, que en parte coincide con las tarifas sociales y los descuentos a jubilados en el servicio eléctrico de la provincia, se imponen desde la Casa Gris más medidas que tiendan suavizar su impacto.
Deja la aplicación de las subas para luego de 60 días de concluidas las «etapas» de aumentos previstos a nivel nacional en el valor del kW en generación y transporte. La suba de la EPE impacta solo sobre el Valor Agregado de Distribución, el VAD que históricamente es un tercio de la tarifa y debe poder cubrir los costos de la distribución y las inversiones para su ampliación.
De acuerdo con lo informado por la Epe, de no actualizar sus tarifas, necesitaría un aporte de $37.279 millones del Estado provincial «sin considerar la Paritaria 2023 que se encuentra en su fase inicial de discusión», para cubrir los incrementos de los insumos eléctricos que en muchos casos están atados al valor del dólar y de la mano de obra.
Para evitar ese desequilibrio (o que lo deba cubrir el sector público o un nuevo endeudamiento con Cammesa) se lleva a cabo el aumento.
El Litoral