«A la escuela no la balearon, la acribillaron y lo hicieron con armas automáticas». Ana Ugarte, directora de la escuela Nº 84 José Mármol, una de las dos atacadas durante el fin de semana, lo dijo parada sobre una tarima en la plaza San Martín y lo hizo de cara a quienes ella llamó «mi gente»: alumnos, padres, auxiliares docentes y maestros que son parte de la institución de Empalme Graneros.
Ellos, parados alrededor del mástil central, con carteles hechos en las últimas horas, se sumaron al acto contra la violencia convocado por los gremios docentes Amsafé Rosario y Sadop, y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que nuclea a los no docentes.
Lo dicho por Ana marca lo que la escuela, ella y los demás adultos que la conforman, saben que tienen por delante: «El trabajo hormiga de lograr que todos vuelvan a la escuela, que todos vuelvan a sentirla un lugar seguro, aunque yo, después de ésto, no les pueda prometer nada», dijo a La Capital.
El miedo no es cosa nueva en los barrios. Ya estaba instalado en Empalme Graneros mucho antes de que el sábado la José Mármol fuera blanco de una lluvia de balas. Y lo mismo en Ludueña, donde ese mismo día fue atacado el Complejo Rosa Ziperovich. Y no solo las escuelas de estos sectores de la ciudad, los más «calientes» como suelen decir, conviven desde hace rato con la sensación de que hay límites que se desdibujaron.
Así se vio y se escuchó este martes a media mañana, en la plaza San Martín, frente a sede de Gobernación donde maestros, auxiliares docentes y delegados gremiales llegaron de escuelas de Las Flores, Tablada y también de barrios del oeste rosarino para exigir respuestas al Estado contra la violencia y para dejar claras las responsabilidades.
El lugar de los ataques parece casi una ironía y así se viene recalcando en las últimas horas, y lo repitió durante el acto el secretario general de Amsafé Rosario, Juan Pablo Casiello. «Justo en Empalme Graneros y Ludueña, dos de los barrios más custodiados de la ciudad», señaló el dirigente en relación al desembarco en las últimas semanas de las fuerzas federales en la ciudad en los sectores de mayor conflictividad.
«Este es un salto en la impunidad de las bandas narcopoliciales que muestran el completo control del territorio», afirmó el dirigente, que criticó las «respuestas represivas» como las únicas en los barrios. «Vayan hoy a Los Pumitas (donde semanas atrás mataron a Maxi Jerez) y van a encontrar un gendarme cada 50 metros, pero el resto es inacción del Estado: basura, mugre, falta de iluminación y de políticas públicas».
En el mismo tono, el titular de Sadop, Martín Lucero, remarcó las responsabilidades. «Que las escuelas estén abiertas y seguras es responsabilidad del Estado provincial y nacional, de la Justicia provincial y Federal, y de los legisladores, pero nunca de los chicos y de las chicas, de los maestros y las maestras», afirmó antes de reclamar «educar en paz, aprender en paz y vivir en paz».
La Capital