En la sesión de la semana pasada de la Cámara de Senadores, el representante de San Jerónimo, Leo Diana planteó la preocupación sobre «la posible desaparición del ARCA en nuestro departamento, más precisamente la que funciona en Gálvez».
«Hoy en día, todavía no existe un canal 100% accesible para todos, y si este servicio se disuelve, ¿qué pasará con los comerciantes y vecinos que dependen de la atención presencial para hacer sus trámites? Es fundamental que cualquier cambio se haga pensando en la gente» dijo Diana en su discurso.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) dio a conocer una resolución en la que se reduce considerablemente su red de agencias en la región. Esto implica la fusión de dos de las unidades que funcionan en Rosario y el cierre de las que operan en Casilda y Cañada de Gómez.
La resolución, identificada como la Número 36/2025, implicará una reestructuración significativa, ya que también se comunica el cierre de otras dependencias, como las de San Lorenzo, Belgrano, Iriondo y Villa Constitución. Aún no se sabe si serán absorbidas por las unidades de Rosario.
Esto dispone, en principio, el cierre de receptorías más pequeñas, con dotaciones de alrededor de 20 personas que están distribuidas estratégicamente y atienden trámites de todo tipo para contribuyentes de la zona.
A partir de esta resolución, se dispuso de un plazo de 45 días para la efectivización. Aún no se sabe cómo se llevará a cabo el proceso de reorganización ni cuándo se implementará de forma definitiva.
Cabe recordar que la oficina de Casilda tenía a su cargo todo el departamento Caseros y su sede estaba ubicada en la intersección de Ovidio Lagos y Mendoza. Cañada de Gómez, que cubría el departamento Iriondo, sufrirá la misma medida.
Según rumores, esta decisión del Gobierno Nacional afectaría al menos un 27% de la estructura del Arca a nivel nacional. La resolución también menciona la reubicación de más de 60 dependencias.
El gremio que nuclea a los trabajadores advirtió que el cierre de estas sucursales dejará desamparadas a muchas localidades del interior, dificultando el acceso a servicios esenciales.
“El Estado dejará desamparadas a estas sucursales y receptorías del interior del interior”, afirmaron.
Desde Aefip aseguraron que esta decisión es parte de un proceso de desmantelamiento del organismo que, según indicaron, “comenzó con la DGI y continuará con la Aduana”.