La Ley Bases, primeramente llamada Ómnibus y podada en varias oportunidades, pasó en la noche del miércoles por la Cámara de Senadores. Allí obtuvo la votación positiva -tuvo que desempatar la vicepresidente Victoria Villarruel- en general y luego se avanzó en la votación en particular como también en un paquete fiscal que fue aprobado.
En el correlato del proyecto, ahora deberá pasar nuevamente por la Cámara de Diputados para convertirse en ley y luego por las manos del presidente que tiene poder de veto como también de promulgación. Mucho se ha teorizado sobre el tema, como también se ha hablado de los incidentes y la represión que se produjo afuera del Congreso.
Ahora bien, ¿qué impacto tendrá este paquete de nuevas legislaciones? ¿Cómo cambiará en lo inmediato y mediato la vida de los corondinos? ¿Se generarán más puestos de trabajo? ¿Habrá inversiones? ¿Qué puede ocurrir con las jubilaciones? Nos propusimos realizar un punteo, a saber:
EL RIGI
Uno de los temas más polémicos en el debate fue el RIGI. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones «apunta a incorporar una serie de atractivos fiscales para todos aquellos proyectos de inversión en materia de industria gasífera, minera, petrolera y agropecuaria que superen los USD 200 millones«.
Nuestra ciudad, como buena parte de la provincia, no reúne los requisitos para que esos capitales lleguen de manera directa, excepto en relación a algún proyecto agropecuario de gran escala.
Si hacemos una simple comparación, de sumar la cantidad de hectáreas plantadas de frutilla (unas 300 para este año), a 20.000 dólares de promedio de inversión por hectárea, el cálculo determina que todo el dinero volcado a las quintas de frutilla (principal activo productivo de la ciudad) para la temporada asciende a unos 6 millones de dólares, muy lejos de lo que se sueña con grandes inversiones.
EL EMPLEO
Descartado, por amplio margen, que el RIGI pueda generar empleos directos para nuestra economía y exceptuando los empleos públicos que se generan anualmente en relación con la Cárcel, Policía y docencia, hay que empezar a mirar hacia las Pymes.
El sector está sufriendo una crisis profunda. A la baja en las ventas hay que sumarle el encarecimiento de los servicios y alquileres. Uno de los temas al que apunta directamente la Ley es a flexibilizar la toma de empleados.
Dentro de los cambios previstos, se dispone una extensión de tres a seis meses del periodo de prueba para los nuevos trabajadores, período que sube hasta los ocho meses en las empresas de seis a cien trabajadores; y hasta un año en las pymes de hasta cinco empleados.
Dentro de estas flexibilizaciones se incluye, además, la posibilidad de que un “trabajador independiente” contrate “colaboradores” para llevar adelante un emprendimiento productivo sin que entre las partes exista ningún vínculo de dependencia. En resumen, este capítulo habilita a una persona a contratar a otras sin la responsabilidad de abonar cargas sociales ni ningún otro tipo de regulación vigente.
Es decir, un monotributista (empleador) podrá tomar colaboradores (empleados) sin ningún vínculo laboral. No habrá indemnización si es despedido y no está obligado a pagar por sus cargas sociales.
Por otro lado, la ‘Modernización laboral’ busca habilitar cambios en las formas jurídicas de contratación y la relación entre empleador y empleado, exponiendo a este último a una significativa baja en materia de derechos laborales.
El gobierno confía en que el empleador pierda el temor a juicios laborales (que mayoritariamente se dan cuando los empleados no están registrados) y así haya más empleo.
Los artículos 75 y 76 del texto habilitan la regulación de las relaciones laborales no registradas sin el pago de la penalidad correspondiente por la ejecución del delito, en caso de que sean normalizadas durante los primeros 90 días de sancionada la ley. Para aquellos empleadores que “blanqueen” a la totalidad de su planta en este plazo, la ley garantiza la condonación de hasta un 70% de las infracciones, multas y sanciones previstas.
MONOTRIBUTO SOCIAL
El Senado votó en contra del artículo 100 dentro del capítulo del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes del paquete fiscal que preveía la prórroga del denominado Monotributo Social.
Esa norma, que no estaba incluida en el proyecto original y había sido agregada durante la discusión en Diputados, aseguraba la continuidad de beneficios para sectores de la economía popular que podían facturar por sus actividades comerciales abonando una mensualidad menor que el resto de los monotributistas.
De esta manera, los titulares de este régimen tributario simplificado para los trabajadores de menores ingresos (en nuestra ciudad, pescadores, huerteros, albañiles) y sin una facturación regular, pasarán de pagar $3.200 a $26.600 en la categoría más baja del monotributo general a los 90 días de promulgada la ley.
Según los últimos datos difundidos en abril por la Secretaría de Trabajo correspondientes a enero, los titulares del monotributo social superan los 620.000, más del doble que una década atrás. Entre ese mes de 2014 y enero de 2024, la cantidad de adherentes al monotributo social aumentó un 111%, pasó de 294.183 a 620.120, según el análisis realizado por Infobae de los datos oficiales.
JUBILACIONES
El título IX de la futura ley dispone la eliminación de la ley 27.705 que habilita el Plan de Pago de deuda previsional para que todas aquellas personas que alcanzan la edad de jubilación puedan regularizar los períodos faltantes a través de cuotas mensuales que se descuentan del haber (moratoria).
De esta forma, para los hombres que alcancen los 65 años y no cuenten con la cantidad mínima de aportes para acceder a una jubilación, se les habilitará una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que contempla solo el 80% del haber mínimo. En este momento $ 222.113,28.
En el caso de las mujeres, la posibilidad de acceder a una jubilación con esta nueva ley es aún más dificultosa. A la eliminación de la moratoria con la que más de tres cuartas partes del padrón podía acceder a una pensión, se suma el aumento de cinco años de la edad necesaria para iniciar el trámite jubilatorio –actualmente es de 60 años–, situación que vulnera aún más a un sector históricamente perjudicado. Hoy solo 1 de cada 10 mujeres de más de 60 años está en condiciones de acceder a una jubilación.
PRIVATIZACIONES Y RECORTES
Si bien el CONICET; la ANMAT; el INCAA; el ENACOM; el INCUCAI; el SENASA, entre otras instituciones fueron eliminadas de la lista de intervenciones tras los acuerdos que el oficialismo gestó con los aliados dialoguistas, el presidente contará con la facultad para desfinanciar y achicar sus estructuras, una habilitación que, en manos de quien desea destruir “el Estado desde adentro”, es contraproducente. Algunos corondinos trabajan en esas dependencias.
Lo mismo ocurre con otras oficinas nacionales. Ayer se mencionó que quedaron afuera de la posibilidad de privatización el Correo Argentino, ya se había sacado de la lista al Banco Nación, aunque habrá que mirar de reojo qué pueda pasar con Ferrocarriles, ya que hoy por la mañana se decretó la emergencia pública en el sector ferroviario para los servicios de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional. La norma también establece una serie de medidas para abordar la situación.
Con colaboración de latfem.org