Este jueves 4 de enero se llevó a cabo la primera reunión paritaria del gobierno de Maximiliano Pullaro, en la sede del Ministerio de Trabajo. Y con el objetivo de lograr los acuerdos para comenzar las clases el 26 de febrero y completar los 192 días de clases, los primeros gremios convocados fueron los que representan a los docentes.
Rodrigo Alonso, representante de Amsafé, sostuvo que «la cláusula de diciembre se tiene que cumplir porque los trabajadores no vamos a aceptar un solo retroceso, estamos discutiendo en un contexto en el que es mentira que no hay plata».
«Está mal distribuida, hay una transferencia de recursos de la clase media a los sectores más concentrados de la economía”, agregó el gremialista. Sobre la discusión salarial para este año que recién comienza, Alonso apuntó que «tiene que haber un doble mecanismo (de actualización), un porcentaje de aumento y una cláusula gatillo», aunque en la primera reunión con el gobierno provincial no se habló al respecto.
En representación de AMSAFE participaron Rodrigo Alonso -Sec. Gral. AMSAFE-, Susana Ludmer -Sec. Adjunta-, Patricia Hernández -Sec. Adjunta-, Paulo Juncos -Sec. Gremiales-, Sergio Bruschini -Sec. Asuntos Previsionales- y María José Marano -Delegada Seccional AMSAFE La Capital –
Lejos de ser un encuentro “para la foto”, el ministro de Educación puso sobre la mesa de discusión el elevado porcentaje de licencias y reemplazos que desde 2019 viene en crecimiento. “Tenemos que trabajar para tener un Estado más eficiente. En diciembre de 2023, el 25,31 % del total de la masa salarial estuvo destinado a pagar reemplazos”, detalló Goity, y agregó: “Lo más preocupante es que no solo implica en esta crisis un mayor esfuerzo económico, sino que también afecta directamente la continuidad pedagógica y los aprendizajes. Revisar esto no implica para los docentes ninguna pérdida de derechos, sólo es garantizar un Estado más eficiente y que los chicos puedan aprender mejor”.
La reunión estuvo encabezada por el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, que convocó a la mesa paritaria, y el ministro de Educación, José Goity. Ambos funcionarios recibieron, entre otros, a Rodrigo Alonso y Paulo Juncos, de Amsafe; Ernesto Cepeda, de AMET; Pedro Bayugar y Martín Lucero, de Sadop; y Gilda Galucci y Germán Corazza, de UDA.
“El gobernador Maximiliano Pullaro marcó la prioridad y es que los estudiantes santafesinos estén en las escuelas aprendiendo y por eso puso fin al avance continuo; y en ese camino es que hoy estamos planteando la necesidad de ordenar un sistema que genera inequidades y que no administra eficientemente los recursos públicos”, expresó Goity.
“No podemos permitirnos un estado ineficiente y menos en un contexto de fuertes restricciones económicas”, reiteró el responsable de la cartera educativa.
En ese sentido, Goity analizó cómo se llegó a esta situación: “Debe quedar claro que la responsabilidad es del Estado que no cumple con la obligación de las carpetas médicas y que no controla las licencias. Nosotros vamos a empezar a revertir esta situación con trabajo y decisión”.
El ministro también sostuvo que “el sistema no es funcional en términos normativos, por eso proponemos discutir junto a los gremios los criterios con los que se otorgan las licencias”. Y agregó: “Los índices de reemplazos vienen creciendo año a año y el costo para el Estado es mayor y se torna insostenible, y esto impacta negativamente en la economía y afecta directamente a los aprendizajes de los estudiantes”.
También Goity detalló algunos puntos claves para entender el estado de situación actual.
“La provincia cerró el 2023 con un déficit cuya magnitud superará una masa salarial mensual; también las modificaciones en el impuesto a las ganancias mejoraron el salario de bolsillo de los docentes pero ese beneficio está, en parte, siendo financiado por la Provincia, ya que se ve afectada negativamente en sus ingresos por coparticipación nacional, y además las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional podrían afectar distintas transferencias como el FONID y el programa “Hora 25”.