A mediados de este año estalló un verdadero escándalo en las Brigadas Antinarcóticos de la Agencia de Investigación Criminal de Esperanza y Coronda.
A raíz de una grave denuncia de connivencia con un conocido traficante de la región, en agosto fueron procesados quienes ocupaban las jefaturas en esas ciudades. Ahora, la Justicia Federal también incluyó formalmente en la causa a María Belén Muratore, una oficial de policía que estaba a las órdenes del jefe corondino y está acusada de falsificar un «libro de novedades» completo para «salvar» a su superior.
La causa se inició a mediados de junio, luego de que las autoridades del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación radicaran la denuncia ante la cúpula de la AIC.
En ese momento, se aportaron videos «caseros» en los que se vería al traficante descendiendo de un automóvil oficial de la AIC y manipulando un bolso con cientos de miles de pesos, junto con un subalterno del jefe, que también fue procesado días atrás. Para el fiscal federal Gustavo Onel, quien lleva adelante la investigación, no cabe duda de que los policías brindaron protección al narco a cambio de abultadas sumas de dinero.
Ahora, al procesar a la mujer policía, el juez Reinaldo Rodríguez detalló en su fallo por qué le daba la razón al fiscal Onel. «En relación con M.B.M. (…) concretamente se le imputó haber presuntamente confeccionado en un todo un documento público falso con idoneidad para producir perjuicio, con anterioridad al 31 de julio del año 2023, que fue la fecha en que se secuestró el documento», explica el magistrado. El libro fue peritado por el Grupo Criminalística y Estudios Forenses del Escuadrón de Seguridad Vial «Santa Fe» de la Gendarmería Nacional Argentina.
Los especialistas informaron que se trata de «un libro relativamente nuevo, que no posee dobleces ni marcas de uso, que se encuentra confeccionado con una única y misma letra, o sea que lo confeccionó una sola persona, valiéndose al efecto de una misma lapicera, mismo trazo y misma tinta; todo lo cual resulta incompatible considerando su fecha de confección inicial y apertura (el año 2022)».
Los peritos observaron, entre otras cosas, que el libro estaba en «muy buen estado de conservación». Tanto sus tapas exteriores como sus bordes y lomo no presentan casi uso. No detectaron «ajetreo en las hojas, las cuales conservan rigidez típica del escaso uso y/o manipuleo» y no apreciaron signos de adherencia de grasitud (producto del normal contacto de las glándulas sudoríparas y/o sebáceas). También constataron que «el libro conserva y emana aún rastros de los productos químicos de la fabricación».
La mujer se defendió explicando que lo que a ella se le ordenó fue «confeccionar un libro de novedades, para lo cual llevaba un pendiente o borrador y cuando tenía tiempo lo volcaba o transcribía». Ella aclaró que el libro de novedades no es un libro de guardia y eso explica que ella era la única que lo escribía.
El juez afirma en su fallo que entiende «que sus argumentos tienden a disminuir o restarle importancia al libro peritado, desconociendo el carácter público del documento, aunque nada dijo (la oficial) sobre lo referido a su contenido y a la presunta falsedad de su fecha de inicio. Por otra parte, la propia imputada reconoció confeccionarlo por orden del superior de esa dependencia policial, desconociendo además la existencia de otro libro labrado al efecto, y explicando que al libro lo llevaba ella, con un borrador y que cuando tenía tiempo lo transcribía».
«En el libro reservado en Secretaría se omite señalar la presencia de uno de los jefes, entre otros, en el allanamiento referido del día 23/02/2023 y el cumplimiento de funciones por parte del nombrado pese a encontrarse de licencia durante ese mes, lo que probablemente tuvo por objetivo direccionar la responsabilidad en el delito de encubrimiento agravado que conforma el objeto procesal central de la presente causa, exclusivamente en cabeza del otro suboficial detenido».
En el mismo fallo, el juez Rodríguez decidió sobreseer a Juan Martín Exequiel Oliva, que ocupaba la jefatura regional de la fuerza antidrogas. Para el fiscal Onel, este subcomisario no podía desconocer el uso que se le daba al vehículo oficial y lo acusa de no hacer la denuncia correspondiente luego de ver el video comprometedor. El magistrado le dictó la falta de mérito, pero el funcionario del Ministerio Público Fiscal ya presentó la apelación.
El narco aludido en la investigación es Daniel Segovia, quien fue apresado el martes 8 de agosto por la Prefectura Naval en la zona portuaria de la ciudad de Santa Fe. «En ese contexto, resultó llamativo que el mismo haya tenido tres (3) teléfonos celulares, material estupefaciente y anotaciones con nombres y apodos de posibles deudores por potenciales compras de material estupefaciente, dado que figuran importes muy significativos que se condicen con la magnitud de la actividad ilegal que se viene investigando», remarcó el juez Rodríguez en otro de sus fallos.
El narco era buscado -por otra causa- desde mediados de mayo, cuando su ex pareja lo denunció por violencia de género. En aquella oportunidad, la policía allanó su vivienda en calle Castelli al 4300 de la ciudad de Santa Fe pero él ya no estaba en el lugar. Sus «protectores» le habrían avisado que estaba en la mira y tenía el teléfono intervenido.
No obstante, los uniformados secuestraron en el inmueble balanzas con restos de cocaína y recortes de marihuana. Además, se incautaron numerosos proyectiles de diferentes calibres, una pistola Bersa calibre .22 LR con su cargador y munición, un fusil Mossberg-BA 200 899 calibre .308 camuflado, y una mira telescópica, entre otros elementos.
Segovia está acusado de «bajar» la droga en Santa Fe y distribuirla en el norte provincial, presuntamente con el amparo de quienes debían combatirlo.
Joaquín Fidalgo para El Litoral