La Justicia Federal procesó con prisión preventiva a una mujer de 22 años, que el mes pasado intentó burlar los controles de seguridad de la Cárcel de Coronda y escabullirse con casi un cuarto kilo de cocaína entre sus pertenencias.
La medida fue ordenada por el juez Federal Nº 2 de Santa Fe -subrogante- Aurelio Cuello Murúa, quien el pasado miércoles 4 de octubre procesó a Luciana Marcela Serrat (22) por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por cometerse en el interior de un lugar de detención”, en calidad de autora; y fijó embargo por $ 1.200.000.
Para el magistrado se trata de “uno de los delitos que más afectan a la sociedad en su conjunto” y sobre el cual “el Estado Argentino ha asumido compromisos internacionales” para combatirlo.
Por ello, a la hora de analizar las circunstancias que envuelven a la joven mujer detenida, el Dr. Cuello Murúa resaltó el “singular daño social que genera la comisión de delitos” vinculados al tráfico de drogas, “y muy en particular, en el notable y evidente crecimiento de tales actividades criminales, de una actualidad y extrema potencialidad lesiva para toda la sociedad”.
En particular, el caso se remonta a la mañana del lunes 25 de septiembre, cuando Serrat acudió al presidio corondino con una autorización para visitar a un preso. Ese día, a las 8.25 el escáner por el que debía pasar, advirtió la presencia de una protuberancia debajo de los pies de la recién llegada.
El personal del Instituto de Detención U1 del Servicio Penitenciario activó el protocolo para estos casos y apartó a la mujer para hacer una requisa más exhaustiva, mediante la cual se constató que dentro de sus zapatillas, entre las zuelas y las medias, escondía 221 gramos de cocaína.
La sustancia, que se almacenaba en dos envoltorios blancos, fue secuestrada por la fuerza pública y la joven quedó inmediatamente detenida a disposición de la Justicia Federal, donde fue indagada al día siguiente por infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 de estupefacientes.
Luego, la investigación pasó a la órbita de la Fiscalía Federal N° 2, desde donde se solicitó una ampliación de declaración indagatoria a la encausada, la cual se realizó previo a su procesamiento y en la que la mujer se abstuvo de declarar por segunda vez.
Según expresó el juez en el auto de resolución, la medida cautelar que la priva de la libertad se decidió “en base a la importante cantidad y calidad de material estupefaciente secuestrado, esto es 221 gramos de cocaína, la que por su magnitud por sí misma revela su inserción en un circuito de tráfico de drogas”, alejándola de lo que suele presentarse como una situación de consumo.
Sumó como agravante que el delito prevé sanciones más duras -pena mínima de 6 años de prisión- para los ocurridos “dentro o en las inmediaciones de un establecimiento de enseñanza, centro asistencial, lugar de detención, institución deportiva, cultural o social”, como es el caso.
El Litoral