Debido a las diferencias entre el Sitram y el Ejecutivo, este último acudió al Ministerio de Trabajo y se inició un proceso de conciliación obligatoria por el término de 15 días. «Se intimó a las partes a retrotraer las relaciones y la situación laboral en que se encontraban antes del conflicto» dijeron desde el organismo público.
Fue el Secretario de Gobierno del gobierno local el que se presentó ante el Ministerio denunciando el conflicto colectivo entre la entidad municipal y el gremio. José Luis Bianchi manifestó «que el mencionado sindicato ha comunicado que a raíz de la asamblea de trabajadores han decidido ejercer medidas de fuerza consistentes en la suspensión de media jornada laboral durante los días 18, 23 y 24 de noviembre y paro total el día 25».
El funcionario sostuvo que «la medida ha sido tomada de forma contraria a lo dispuesto por la ley 10.469 dado que no existió solicitud previa de intervención de la cartera laboral. En consecuencia solicitó la urgente intervención, el dictado de la conciliación obligatoria y se cite a audiencia a las partes. la urgencia se debe a la afectación de los servicios esenciales y en el interés de la ciudadanía en general».
El Ministerio aclaró que el dictado de la conciliación obligatoria «no implica de ninguna manera poner a las entidades gremiales en una situación de inferioridad o de debilidad frente a la otra parte. No significa anular el ejercicio del derecho a huelga reconocido en la Constitución sino que deriva del presupuesto de un Estado de Derecho donde coexisten intereses en pugna, cuya armonización resulta ser una exigencia democrática de razonabilidad práctica para propender y facilitar el diálogo».